Aluviones en el norte: Un alertamiento tardío

ANTECEDENTES

En Chile los sistemas de alertamiento basados en el impacto medio ambiental están al debe. La Gestión de riesgos, desastres y crisis está en proceso de mejora. Actualmente tenemos organizaciones que realizan de forma adecuada su labor, como son el Sernageomin con su monitoreo constante de la actividad volcánica al sur de Chile, también tenemos otras que están en proceso de mejora debido a su lamentable desempeño en eventos pasados, como fue la participación del SHOA en el terremoto/tsunami el año 2010. Ahora fue el turno de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), quien teniendo una alerta temprana por parte de la Dirección Meteorológica del día 22 de marzo que anunciaba precipitaciones de 10 a 20 mm para Antofagasta y Atacama, no fue capaz de tomar medidas preventivas correspondientes. Esta lamentable situación se vio agudizada debido a que la isoterma cero se elevó de 2.000 a 5.000 de altura, lo que hizo llover en zonas donde cae nieve.

No sólo se está cuestionando al gobierno por no tomar las debidas medidas, sino además por su respuesta tardía en acudir en ayuda de los afectados. Hasta el momento las cifras oficiales publicadas en el sitio web de ONEMI al 20 de abril, alcanzan a 28 muertos, 59 desaparecidos, 29.739 afectados y 19.724 viviendas dañadas y/o destruidas, lo que podría incrementarse superando lo indicado inicialmente por los organismos respectivos.

En cuanto a infraestructura de servicios, las matrices del alcantarillado fueron destruidas o arrasadas por el barro, generando un problema sanitario de envergadura. Por otro lado el impacto en la agricultura es altísimo; Indap está realizando catastro para determinar los impactos en el sector, cifras preliminares indican que en la zona de San Félix las pérdidas superan el 90% y los animales que se encuentran sin alimento superan los 3.000.

Más crítico aún es la cantidad de relaves mineros ubicados en quebradas cercanas a pueblos y ciudades afectadas. En la región de Atacama existen 55 tranques activos y un número importante abandonado, según reportes del Ministerio de Minería ninguno presentó inconvenientes ante la catástrofe; información que es desmentida de forma extraoficial, indicando que existió contaminación de las napas subterráneas y todos los sectores por donde pudo transitar el caudal en cuestión.

Es perturbador pensar en todos los problemas directos e indirectos de esta situación, considerando la enorme cantidad de materiales pesados que derivan de esta actividad, los químicos que se utilizan para su extracción y, además, el riesgo que presenta el colapso de éste que puede aportar material sólido a los posibles aludes de la zona.  

A pesar de la gran presión de organizaciones ambientales y de la propia población afectada respecto a los peligros de escurrimiento tóxico de relaves de condiciones “normales” y del altamente probable recrudecimiento de la situación durante eventos como terremotos y aluviones, las autoridades y el empresariado han desestimado reiteradamente los riesgos. Esto debido a las grandes ganancias del sector minero en Chile y esto pareciese ser suficiente para determinar que parte de la población deba soportar cualquier consecuencia de este negocio.

Según el representante del Consejo de Políticas de Infraestructura, Luis Escobar, muchos de los relaves en Chile son muy antiguos y no se encuentran debidamente impermeabilizados, representando un enorme riesgo para la población.

SISTEMA DE RESPUESTA

La primera medida tomada fue declarar la zona en “Estado de Excepción Constitucional”, lo que implica que las FF.AA. tomen el control del orden público, además se congelan los precios de todos los productos en la zona, para así evitar que el comercio saque partido de la catástrofe. Esto no ha sido respetado y se han dado a conocer casos y fotografías inclusive de los supermercados donde los precios se han disparado de forma considerable.

Es tan complicada la labor de reconstrucción producto de la gran cantidad de barro que descendió de la parte alta llegando a una altura por sobre el metro en los poblados. Esto nos indica la importancia de tomar medidas correctivas radicales para que estos hechos no vuelvan a ocurrir no sólo en la zona norte, sino a lo largo de todo nuestro país. Un motivo crucial que jugó en contra a los poblados fue el lugar donde tenían construidas sus viviendas, ya que por la escases de agua en la zona, éstas fueron levantadas muy cerca a los cauces naturales de los ríos, lo cual al momento del Aluvión hizo que el agua arrasara con todo lo que encontró a su paso, sin dar tiempo a la población de reaccionar ante dicho evento inesperado.  

Ante esto, ONEMI definió un nuevo estándar de viviendas para la zona, cuyas características son: Eficiencia térmica de los materiales (pisos, muros y techo), y con resistencia a la humedad y a la lluvia.

Otras acciones tomadas son el envío de 1.200 casas de emergencia, 6 ambulancias, 1.400 baños químicos, 12.500 dosis de vacuna contra la influenza, 14 puestos de vacunación, 40.000 mascarillas para el polvo, $5.988 mill de ayuda.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), convocó a empresas a evaluar si es necesario el apoyo internacional para despejar alcantarillados. Adicionalmente, la Presidenta ya convocó a su gabinete para coordinar las labores de reconstrucción.

El Subsecretario de Salud Pública, anunció que el gobierno invertirá $ 200 mill en ocho equipos tecnológicos que escanearán muestras de tierra y agua para determinar la presencia de elementos contaminantes. Este fin de semana largo, se realizaron análisis de metales pesados en algunas zonas, para determinar con mediciones si hubo contaminación por parte de los relaves, el resultado de éstos ha sido negativo para Arsénico y Plomo.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Chile es un país que está constantemente siendo afectado por catástrofes naturales y de lo cual se ha identificado una tendencia al alza, debido entre otros, a dos importantes factores: el cambio climático a nivel mundial y el hundimiento gradual de las placas de Nazca y Antártica bajo el continente Sudamericano.

Debido a estos puntos mencionados es fundamental reorientar y fortalecer las planificaciones que permitan mayor capacitación, perfeccionamiento y preparación en general de todo el personal y medios que deben concurrir en un momento determinado, con sus esfuerzos y capacidades para controlar y superar una situación de emergencia, restableciendo la normalidad oportunamente.

De lo anterior, es importante enfatizar en una planificación que otorgue especial importancia a la cultura, preparación y difusión de las acciones de prevención entre la población, a modo que permitirá aminorar o mitigar los efectos y consecuencias de una emergencia o catástrofe.

Además es relevante que nuestro país lidere inversiones en monitoreo e investigación para prevenir las consecuencias de éstos. Es de vital importancia apostar por centros de operaciones de alertamiento por zonas geográficas, cuya función sea investigar, monitorear, recepcionar y elaborar datos científico – técnicos de los distintos tipos de riesgos. Éstos deben poseer protocolos claros que definan pasos a seguir al momento de alertas de catástrofe y contar con un funcionamiento las 24 hrs al día, los 365 días del año.

Las distintas zonas a lo largo de nuestro país, deben tener claridad en la identificación de los riesgos o peligros potenciales de su entorno, como también los recursos de que dispone para enfrentarlos, esto se podrá comunicar una vez realizando el levantamiento correspondiente de información a nivel regional.

Se debe trabajar en una planificación multisectorial en materia de protección civil de carácter indicativo, destinada a acciones permanentes para la prevención y atención de urgencias y/o desastres de la región, a través de una visión integral de manejo de riesgos.

Se debe realizar un análisis de riesgos en cada área específica, utilizando distintos planteamientos conceptuales: el que predice (en prospectiva) y el histórico (retrospectivo), los que son utilizados de manera complementaria.

Considerando este punto, es importante la elaboración de proyectos ingenieriles en la zona con el fin de comenzar a desarrollar por etapas, obras civiles para reducir el riesgo a que están expuestos los ciudadanos, para este caso en particular, se podría definir a modo de ejemplo la construcción de piscinas de decantación, similares a las ubicadas en la Quebrada de Macul después del Aluvión de año 1993, para evitar que los aluviones lleguen con tal impacto a las poblados.

También se debe normar la cantidad de tranques de decantación, su debida construcción e impermeabilización (casi ningún relave presenta mallas impermeabilizantes bajo las arenas compactadas en las que se construyen) y además de las medidas de contingencia en caso de emergencia.

CONCLUSIONES

• • Frente a este tipo de riesgos se hace imprescindible que la población disponga de información oportuna sobre las medidas de prevención que deben adoptarse y seguir las instrucciones que los organismos de protección civil y las autoridades entreguen sobre el evento particular. Es una buena medida para atender este punto la adquisición de tecnología especializada que permita enviar mensajes de advertencia a celulares ubicados en potenciales zonas de peligro, con un cubrimiento a nivel nacional.




• • De igual modo, se deben efectuar simulacros a nivel escolar y comunitario para reaccionar adecuadamente en caso de emergencias y verificar las obras de mitigación necesarias, promover la constante capacitación y perfeccionamiento del personal que tiene responsabilidad de planificar y ejecutar la programación para prevenir y enfrentar emergencias como asimismo deberá considerar su participación en ejercicios de simulacros a objeto de incrementar la preparación del mismo.




• • La vulnerabilidad a amenazas tanto naturales como aquellas provocadas por la intervención humana, deben consignarse en un mapa de peligros considerando para ello el impacto de éstas sobre las personas, bienes y medioambiente por remotas que ellas sean.




• • Se deben intensificar las campañas de educación y preparación de la población residente y flotante ante distintos escenarios de emergencia, mediante una acción conjunta entre las autoridades y el equipo científico-técnico multidisciplinario incorporando en estas labores al sector privado, fundamentalmente turismo y comercio, empresas hoteleras, empresas relacionadas con cada tipo de actividad económico dependiendo de la región, grupos ecologistas (difusión de planes y estados de alerta específicos para cada peligro, identificando rutas de evacuación y zonas de seguridad).




• • Para casos de aluviones, se deben informar aquellas zonas tanto urbanas como rurales que sean afectas a inundación. Debe identificarse con letras o números el grado de vulnerabilidad o con colores que indiquen el nivel de impacto sobre las actividades humanas.




• • Se deben adecuar y actualizar los planes reguladores del área, considerando la zonificación del riesgo, con el fin de evitar la propagación indiscriminada de asentamientos humanos en aquellas zonas más peligrosas mediante normativas eficaces y, dirigir la urbanización hacia aquellas áreas de menor riesgo.




• • Se deben planificar los nuevos trazados viales y obras anexas sobre la base del mapa de peligros mencionados. En el marco de la gestión integral en protección civil, la participación y compromiso de la comunidad, debe constituir una estrategia clave a considerar en los distintos programas de trabajo. Esta participación debe ser un proceso en si mismo que parte en el nivel local y bajo la conducción del municipio, como instancia administrativa más cercana a las personas.




• • Y finalmente, se debe establecer un mecanismo intercomunal para destinar anualmente los recursos suficientes para llevar a cabo en forma sistemática las múltiples tareas expuestas con el fin de evitar las pérdidas de vidas humanas y, poco a poco ir reduciendo el grado de riesgo de los asentamientos poblacionales y obras civiles de las zonas más expuestas.